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Diputados presta acuerdo constitucional para intervenir municipio de Lambaré
Publicado: 12/19/19 02:37:p. m.

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación) Con 59 votos a favor, la Cámara de Diputados, prestó su acuerdo constitucional para la intervención de la Municipalidad de Lambaré a cargo del intendente Armando Gómez. Fue tras un largo debate luego de escucharse los argumentos a favor y en contra de los miembros de la comisión especial que analizaron las causales de intervención acercadas por los concejales municipales.

El diputado Basilio Núñez (ANR–Pdte. Hayes), explicó que tras cumplirse con todo el proceso y escuchar a concejales, al intendente y visitar in situ la Municipalidad de Lambaré, la mayoría de los miembros del estamento a su cargo, resolvió acompañar la intervención solicitada por 11 de los 12 concejales lambareños.

“Citó como uno de los temas que no pudo ser rebatida por la defensa, la deuda de G. 6.000 millones a la Caja de Jubilaciones. Sin embargo, detallo que en su conjunto se habría causado un daño patrimonial de G. 40.000 millones.

Los legisladores Jazmín Narváez (ANR-Central) y Ángel Paniagua (ANR-Central), lamentaron la caótica situación que se registra en dicho municipio. Aseguraron que en base a los informes del Ministerio de Hacienda, la Caja de Jubilaciones y el Ministerio Público, se confirmarían la supuesta mala administración por parte del intendente Gómez.

Para el diputado Colyn Soroka (ANR-Itapúa), la intervención “no debe ser objeto de temor para intendentes; si tiene una administración sana, entonces, no deberían tener miedo alguno para mostrar la transparencia”, refirió.

A su turno, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ Capital), miembro de la comisión especial, sostuvo que existen ciertas inconsistencias entre las respuestas del intendente y las denuncias de los concejales.

Detalló que la deuda a la Caja de Jubilaciones, la declaración de emergencia vial que conllevó a la contratación, por vía de la excepción, sin que sea necesaria dicha emergencia y el caos administrativo por falta de transferencias, son motivos suficientes para la intervención.

En tanto que el diputado Salustiano Salinas (PLRA-Central), indicó que existen denuncias que deben ser aclaradas por el intendente y solicitó a la clase política que se actúe con la misma vara contra intendentes de otros municipios, sin importar el bando político al que representan.

Refirió que una eventual intervención será una interesante oportunidad para que se transparenten los procesos.

A su turno, la diputada Kattya González (PEN-Central), criticó duramente al intendente y pidió la intervención argumentando que existen suficientes fundamentos para la misma. Mencionó que más de 200.000 lambareños, necesitan recuperar la credibilidad en sus administradores y que el pedido es propicio para ello.

“Quiero también ponerme en el lugar de los 200.000 lambareños que tienen un intendente corrupto; urge recuperar la credibilidad; este intendente tiene 7 procesos judiciales; quedó preso porque no comparecía ante la Fiscalía; la corrupción no tiene color”, aseveró la congresista.

En el mismo sentido se pronunciaron la diputada Rocío Vallejo (PPQ–Central) y el legislador Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), quienes acompañaron la intervención.

Posturas en contra

Por otra parte, el diputado Manuel Trinidad (PLRA–Alto Paraná), afirmó que ninguno de los puntos denunciados por los concejales amerita la intervención por lo que pidió el rechazo de la misma.

El diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), pidió que ante una eventual intervención de la gestión del intendente Armando Gómez, también sea impulsada una intervención de la gestión de la Junta Municipal de Lambaré, a quienes acusó de solicitar dinero para acompañar la intervención.

Finalmente, la Cámara Baja resolvió aprobar el documento, por unanimidad. El documento se remite al Poder Ejecutivo que deberá designar un interventor, en un plazo de 15 días, tal como lo establece la normativa vigente.

Este emitirá su dictamen al Poder Ejecutivo, en un plazo de 60 días, a partir de la fecha en que tomó posesión del cargo, y el Poder Ejecutivo lo remitirá de inmediato a la Cámara de Diputados, que decidirá si destituye o no al intendente.


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