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Posibilidad que entes privados sean beneficiados con uso de bienes incautados se definirá en los próximos días
Publicado: 10/20/20 01:30:p. m.

Redacción: Prensa- Dirección de Comunicación). La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), durante su reunión semanal, resolvió solicitar informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); y a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), con relación al proyecto de ley “Que modifica los artículos 10 y 39 de la Ley N° 5.876/2017, De administración de bienes incautados y comisados”.

“La modificación pretende otorgar el uso provisional de los bienes a instituciones privadas que trabajan en la rehabilitación de personas dependientes de drogas; lo que no cierra del todo es que esas organizaciones sean acreditadas por el Ministerio de Salud Pública; además faltaría definir mejor las responsabilidades inherentes”, explicó, sobre el punto, el titular del bloque asesor.

Posterior a la recepción de esos informes, el bloque volverá a estudiar a fondo los detalles que hacen el proyecto, de modo a dictaminarlo.

Por otro lado, los diputados que integran la comisión, por medio de un dictamen, recomendarán al plenario de la Cámara Baja, aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo, con relación al proyecto de ley N° 6.583/2020, “Que establece medidas excepcionales en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y en la ejecución de sanciones penales en el marco del estado de emergencia sanitaria ante el riesgo de expansión del Covid-19 o Coronavirus”.

El documento tuvo origen en la Cámara de Senadores y apunta a conceder medidas temporales de prisión domiciliaria a personas privadas de su libertad que cuentan con autorización judicial para realizar salidas transitorias; condenados bajo régimen de “semi libertad”; y quienes hayan cumplido las dos cuartas partes de la pena privativa de libertad.

También busca beneficiar a condenados a penas privativas de libertad igual o menor a diez años; y a los que están recluidos por la comisión de hechos punibles no violentos, no vinculados con hechos punibles cometidos contra la vida; la autonomía sexual; indemnidad sexual de menores de edad; violencia doméstica o violencia familiar; o hechos punibles cometidos contra las mujeres por su condición de tales o grupos en situación de vulnerabilidad.

Los condenados en grupos de riesgo, en caso de contraer la enfermedad, también están incluidos en los alcances de la normativa.


Prensa Radio Cámara Teléfono 021 414 4447


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