La comisión de Familia y Tercera Edad, cuya presidencia interina el diputado Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí), analizará la próxima semana, el proyecto de ley “Que establece el uso del sistema Braille en la cédula de identidad civil, facturas de los servicios públicos, tarjetas y extractos bancarios emitidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF), así como en los sitios de carácter público”, presentado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).
En esencia este documento pretende que las facturas de los servicios básicos y otros cuenten con el sistema de lectura Braille, que permitirá a las personas ciegas leer, escribir y acceder al mundo de la información.
Sobre esta propuesta se ha solicitado informe al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, que ha sugerido el rechazo del proyecto, considerando que es inviable su aplicación, porque no cuentan con presupuesto necesario para el cambio.
“Hemos considerado pertinente invitar al proyectista, para el próximo martes 6 de noviembre, a fin de que pueda explicarnos sobre esta propuesta, que es muy loable, pero que, presupuestariamente hablando, es prácticamente inaplicable; la intención es ver, justamente, la posibilidad de lograr su aplicación, dotando de recursos a las instituciones pertinentes; hablamos de 32.000 personas ciegas y de baja visión, entre ellos niños y adultos, que merecen contar con este sistema”, fundamentó el titular interino de la comisión asesora.
Por otro lado, el estamento asesor se pronunció en contra del proyecto de ley, “Que modifica y amplía la Ley Nº 4.087/11 ‘De regulación de transferencias monetarias condicionadas’”.
Este proyecto, pretende incrementar un 10%, sobre el monto que perciben actualmente las familias de cinco departamentos considerados, como los más carenciados del país.
A criterio del diputado Samaniego, no se puede hacer diferencias entre uno y otro departamento, porque se estaría ante un estado de inequidad y desigualdad. Considera que no sería legítimo aumentar para unos pocos departamentos y dejar de lado a los otros, teniendo en cuenta que todos tienen índices de pobreza importantes.
“No podemos aprobar algo que va contra los propósitos del programa, que busca justamente la igualdad de derechos de las personas en situación de pobreza”, significó el legislador.
El proyecto propone, que el Ministerio de Desarrollo, conjuntamente con la Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos, seleccione a los cinco departamentos más pobres, para que se pueda otorgar el incremento del 10% a los beneficiarios del programa Tekoporä, lo cual, a criterio de la asesoría, es totalmente injusto.
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