Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley “Que modifica el Art. 3° de la Ley N° 4.024/10, "Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo y se incorporan los hechos punibles de reclutamiento y adoctrinamiento, combatiente terrorista en el extranjero y apología del terrorismo". El documento contó con 51 votos a favor y fue nuevamente remitido al Senado.

El presidente de la Cámara de Diputados Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), restó importancia a las versiones que hablan de un disgusto, por parte de algunos miembros del movimiento de la Bancada Añetete, con relación a la posibilidad de que se reflote un juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En el espacio de Oradores, legisladores de la Cámara de Diputados se refirieron a diferentes temas como la crisis del sistema de transporte en Bajo Chaco, la necesidad de recurrir a organismos internacionales para paliar los incendios forestales y la preocupación que genera el recorte presupuestario para la cultura, entre otros temas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), destacó el resultado del informe elaborado por la Secretaría de la Función Pública, que ubica a la Cámara de Diputados como una de las instituciones que cumplió el 100% con lo dispuesto en la Ley 5189/2014, "Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay".

​La diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recibió en la mañana de este martes 24, a víctimas y familiares de víctimas del siniestrado Supermercado Ycuá Bolaños.

La Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar (ANR), que se encarga de analizar las asignaciones presupuestarias de las diferentes instituciones del Estado para el próximo año, atendió el reclamo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio de la Defensa Pública.